Manresa aprueba inicialmente la ordenanza que regula patinetes, bicis y VMP por primera vez

La nueva normativa busca reducir la siniestralidad y proteger a los peatones, estableciendo el uso obligatorio de casco y chaleco reflectante.

Imagen genérica de un patinete eléctrico circulando por una zona urbana con señalización de tráfico.

Imagen genérica de un patinete eléctrico circulando por una zona urbana con señalización de tráfico.

El Pleno del Ayuntamiento de Manresa ha dado luz verde a la aprobación inicial de la Ordenanza de Circulación de VMP, que regula por primera vez bicicletas y patinetes eléctricos para mejorar la convivencia y la seguridad vial.

El objetivo principal de la nueva regulación es adaptar la normativa local a las directrices estatales y europeas, buscando reducir la siniestralidad y reforzar la protección de los colectivos más vulnerables, especialmente los peatones. El concejal de Seguridad y Protección Civil, Anjo Valentí, subrayó que la ordenanza establece garantías reguladoras ajustadas a las particularidades de Manresa “para evitar actitudes incívicas y accidentes”.

"Es la vez que más contentos estamos con el gobierno. Es una ordenanza sencilla que aborda un problema real de la gente."

Ramon Bacardit · Jefe de Junts
La aprobación se produjo con los votos favorables del gobierno municipal, Junts y Nacionalista, mientras que Fem Manresa votó en contra y Vox se abstuvo. Roser Alegre, de Fem Manresa, criticó la inclusión de las bicicletas, argumentando que “No se trabaja para apoyar a las bicicletas, tenemos muy pocos carriles bici y los coches tienen carta blanca en la vía pública”.
Entre las principales novedades, el texto define los requisitos técnicos mínimos de los vehículos, como luces homologadas y sistema de frenado, y establece la obligatoriedad del uso del casco para los usuarios de VMP y el uso de chaleco reflectante. Además, se prohíbe la circulación por aceras e islas peatonales, y se regula el estacionamiento para evitar el abandono o la afectación al dominio público.
El régimen sancionador prevé multas que oscilan entre los 100 y los 1.000 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción, incluyendo la alcoholemia reiterada. Una vez aprobado inicialmente, el dictamen abre un periodo de exposición pública de 30 días para que la ciudadanía pueda presentar alegaciones.
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