El desalojo, considerado uno de los mayores en España, afectó a más de 400 migrantes que habían residido en el edificio durante dos años. Aunque solo la mitad permanecía allí al momento de la ejecución, la mayoría se ha quedado sin alternativas habitacionales. El Ayuntamiento de Badalona (https://www.badalona.cat) ha redoblado la vigilancia para evitar que los desalojados se instalen en otras naves o locales del municipio.
“"No sé dónde voy a dormir esta noche. La gran mayoría de gente que estamos aquí somos trabajadores y lo único que queremos es vivir con un poco de dignidad."
La sensación de desamparo es absoluta entre los residentes. Idriss, de 40 años y originario de Guinea, por ejemplo, tiene permiso de trabajo y es operario de logística en Danone, pero asegura que no encuentra piso debido a la discriminación racial, a pesar de poder pagar el alquiler. Además, algunos de los desalojados habían sobrevivido al incendio de la nave del Gorg en diciembre de 2020, que causó cinco muertes, lo que aumenta su desconfianza hacia la administración.
El alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol (PP), confirmó que el consistorio solo ha proporcionado alojamiento temporal a "16 o 17 personas", y los servicios sociales han registrado a 50. Albiol subrayó que no hay solución para el resto, insistiendo en vincular a los migrantes del B9 con la delincuencia y el incivismo.
La situación también complica los trámites administrativos. Adam Zar, de 25 años, que tiene cita con Extranjería para regularizar sus papeles (https://sede.administracionespublicas.gob.es/pagina/index/directorio/icpplus), ahora no tiene una dirección estable. Otro caso es el de Ebrima Naso, diabético, que depende de un tratamiento que requiere refrigeración constante. Tras el desalojo, tuvo que dejar sus medicinas en un bar cercano a cambio de diez euros.
