La decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), Cristina Vallejo, ha advertido que ve "imposible" aplicar a tiempo en la capital catalana el cambio organizativo en los tribunales que la ley de eficiencia prevé para finales de año. Esta reforma afecta la tercera fase de despliegue y requiere una inversión que no se ha materializado.
Para que la implementación sea viable, Vallejo ha señalado la necesidad urgente de recursos económicos y personal. En este sentido, recordó que no se ha creado ninguna de las 55 plazas de juez que se proyectaron inicialmente para esta reforma, un déficit crítico para asumir el nuevo modelo.
“"En la parte civil tenemos 110.000 expedientes en marcha en Barcelona y no tenemos recursos ni de jueces ni de personal suficiente para que la implementación se haga."
El ICAB, alineándose con la petición de 55 jueces decanos de todo el Estado, incluida la de Barcelona, solicita una "aplicación progresiva" del cambio de modelo. La propuesta de la abogacía es comenzar por la jurisdicción mercantil, continuar con familia y discapacidad, seguir con la jurisdicción civil y dejar el ámbito penal para la última fase.
Además de la falta de jueces, el ICAB subraya que es necesario reducir el porcentaje de funcionarios interinos y que es imprescindible digitalizar los sistemas de trabajo, un proceso que aún está pendiente en el ámbito penal, para poder aplicar correctamente el nuevo modelo organizativo.
