Cada año, solo en la capital, unos 1.500 alumnos entre Infantil, Primaria y ESO se incorporan a los centros, muchos de ellos con el curso ya comenzado. Más de la mitad de estos estudiantes proceden del extranjero y no dominan el catalán, que es la lengua vehicular.
Aunque el Departamento de Educación habilita aulas de acogida, los docentes afirman que su número es insuficiente. Esta realidad obliga a algunos colegios a escolarizar a niños que no saben ni una palabra de catalán ni de castellano directamente en las aulas ordinarias.
La diversidad también se incrementa por la aplicación del decreto de educación inclusiva, cuyo objetivo es integrar a los niños con discapacidades (salvo las graves) en escuelas convencionales. Si bien la finalidad es loable, el problema radica en la falta de medios.
Muchos de estos menores necesitan un apoyo individual que un maestro no está en condiciones de dar en una clase con una veintena de alumnos, a lo que se suma la falta de formación específica.
El número y las horas asignadas a los veladores, que ejercen de asistentes personales, están lejos de cubrir las necesidades existentes. Esta complejidad se ve agravada por la creciente desigualdad social, lo que explica el descontento actual de los docentes que deben afrontar esta realidad sin los medios suficientes.
