El proceso de información pública se inició este jueves y se mantendrá abierto durante un mes, permitiendo a entidades y ciudadanía presentar alegaciones al anteproyecto. La nueva norma tiene el objetivo de hacer frente a los nuevos desafíos económicos, sociales, ambientales e institucionales que afectan a los territorios de montaña. El ámbito territorial de la ley incluye el Valle de Arán y las comarcas del Alt Urgell, la Cerdanya, la Alta Ribagorça, el Pallars Sobirà, el Pallars Jussà, el Solsonès, el Berguedà y el Ripollès.
Este conjunto de territorios acoge a 144 municipios, que representan el 28,3% de la superficie de Cataluña. La consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, explicó desde el Valle de Arán que el anteproyecto ya se sometió a una primera consulta ciudadana en el año 2024, donde se recibieron 31 aportaciones.
La ley contempla la creación de instrumentos clave para la gestión territorial, como un Plan de actuaciones estratégicas con vigencia de seis años, que recogerá proyectos que recibirán financiación pública. También se creará una Oficina Técnica de la Alta Montaña para acercar la gestión al territorio y se reformulará el Consejo General de la Alta Montaña, transformándolo de un órgano consultivo a uno de participación y decisión.
Las especificidades y los retos asociados de los territorios de montaña continúan haciendo necesaria la intervención pública con políticas de discriminación positiva, integrales y ajustadas a su realidad territorial.
El Plan de actuaciones estratégicas contará con una sección específica para las zonas que requieren una atención especial por su lejanía de los centros económicos, incluyendo el Alt Urgell, el Arán, la Alta Ribagorça, la Cerdanya, el Pallars Jussà y el Pallars Sobirà. Por el contrario, la comarca de la Garrotxa se ha excluido del ámbito de alta montaña al considerar que no cumple los criterios físicos, aunque mantendrá algunos beneficios derivados del despliegue legislativo.
